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Almudena Ocejo
MéxicoAshoka Fellow desde 2011

Almudena Ocejo está cultivando una cultura de responsabilidad pública en todos los niveles del gobierno mexicano a través de la creación de organizaciones de vigilancia cívica. Al incubar lo que ella llama "contraloría del sector ciudadano", así como al perseguir cambios acompañantes en las políticas públicas, Almudena está impulsando la participación ciudadana en los procesos de toma de decisiones de las instituciones públicas en un país que ha sido gobernado por un solo partido político durante siete de las últimas ocho décadas.

#Democracia#México#Oficina de Contabilidad del Gobierno#Gobierno#Distrito de propósito especial#Responsabilidad#Sociología#Ciudad de México

La persona

Originaria de Ixtepec, Oaxaca, Almudena creció en un entorno familiar que la puso en estrecho contacto con la realidad política mexicana. Su padre, un empresario que trabajaba en una fábrica, estaba muy dedicado al bienestar de sus empleados, y enseñó a sus hijos a desarrollar la conciencia social desde temprana edad. Más tarde se involucró en la política y toda la familia de Almudena participó en sus campañas y activismo para rectificar las desigualdades económicas en la sociedad mexicana. A pesar de la frustración casi diaria que sentía en la política organizada, el padre de Almudena le mostró que la participación cívica siempre lograría resultados positivos para la comunidad. Gracias a su padre, Almudena desarrolló un fuerte compromiso con la democracia desde el principio, con un enfoque en los derechos y deberes de la ciudadanía. Almudena dedicó sus estudios de pregrado a la historia y las artes, aunque todavía sentía la responsabilidad de abordar las malas condiciones sociales que prevalecían en México y muchos otros países del mundo. Después de completar su trabajo de posgrado en estudios de museos en Italia, trabajó en el Museo Reina Sofía en Madrid, organizando exposiciones sobre arte latinoamericano y estableciendo relaciones con galerías de toda la región. En respuesta a la necesidad de abordar los problemas sociales sin abandonar su experiencia en las artes, estableció un colectivo que reunió a pequeños artesanos y los ayudó a comercializar sus productos. En 1997 Almudena se mudó a los Estados Unidos, donde completó una maestría en políticas y administración pública y sin fines de lucro en la Universidad de Nueva York. Su compromiso con otros estudiantes involucrados en el trabajo de defensa la llevó a interesarse por la política social. Pasó un año en el Banco Interamericano de Desarrollo para trabajar en temas de desarrollo, aunque a menudo sentía que su trabajo en la Unidad de Análisis de Pobreza del Banco no le brindaba la oportunidad de realizar un cambio real. Después de dejar el Banco, Almudena se unió al Comité Nacional para la Filantropía Responsiva (NCRP), una organización que investiga las donaciones filantrópicas y busca que la filantropía rinda cuentas al público en general. Su tiempo en el NCRP resultó ser un hito en su carrera; como directora de investigación y análisis, administró proyectos para evaluar el tamaño del sector filantrópico en los EE. UU. y promover la transparencia en las donaciones corporativas. Ella atribuye gran parte de su inspiración para el CCS al NCRP y su mentor Rick Cohen, quien la guió en el desarrollo de su capacidad para pensar críticamente e incorporar la responsabilidad social en todos los aspectos de su trabajo. Al regresar a su México natal en 2003, Almudena buscó apoyar al incipiente sector ciudadano e insertarse directamente en el proceso de transición democrática del país. Estableció una serie de proyectos para dotar a los ciudadanos de herramientas efectivas para la participación cívica e implementó un programa de vigilancia ciudadana para el gobierno mientras trabajaba para la Secretaría Federal de Funciones Públicas. Mientras tanto, fue cofundadora de Pro-Accountability Social Network, un grupo de trabajo con diversos miembros que coordina iniciativas de vigilancia, y Amigos de los Viveros, una CO que apoya un gran vivero botánico ubicado al sur de la Ciudad de México. En 2007 Almudena canalizó toda su experiencia en vigilancia ciudadana y fundamento de iniciativas empresariales para establecer la CCS con el objetivo de generar un nuevo entorno político en México que rinda cuentas directamente al pueblo mexicano.

La idea nueva

A través del Centro de Estudios de Control Social y Construcción Democrática (CCS), Almudena está desarrollando y profesionalizando la responsabilidad ciudadana en los sectores público y ciudadano. En lugar de intentar monitorear las instituciones públicas ella misma, Almudena está fomentando una cultura nacional de gobernanza mejor y más receptiva al equipar a organizaciones ciudadanas (OC) seleccionadas para que las agencias gubernamentales municipales, estatales y federales rindan cuentas de sus acciones. De esta manera, busca transformar a los grupos de base en defensores capaces de varios distritos ciudadanos en la esfera pública. Su objetivo es crear una relación de beneficio mutuo entre la ciudadanía y el gobierno en la que el pueblo mexicano colabore con sus representantes electos para elaborar políticas públicas. Más allá de simplemente trabajar con grupos del sector ciudadano, Almudena también busca crear y reforzar una cultura de transparencia dentro del sector público mexicano, pues entiende que la participación cívica no puede progresar si los actores gubernamentales no son receptivos a la participación ciudadana en los asuntos públicos. Almudena trabaja directamente con los gobiernos para instituir regulaciones que normalicen y requieran la cooperación del gobierno con las OC, protegiendo así los derechos civiles y sentando las bases para la rendición de cuentas del sector público. La idea es que estas “reglas del juego” prevalecerán a pesar de los cambios en las administraciones políticas. Al mismo tiempo, la CCS está implementando una estrategia de educación con las escuelas para enseñar los valores cívicos y los principios de la vigilancia ciudadana a los estudiantes mexicanos. En última instancia, Almudena espera generar tanto la demanda de responsabilidad pública mediante el fortalecimiento de las organizaciones de supervisión y un electorado capaz, como la transparencia y la cooperación abierta dentro de las instituciones gubernamentales. Aunque actualmente la CCS trabaja con OP seleccionadas cuyos perfiles les brindan el mayor potencial para generar un impacto duradero en la rendición de cuentas del gobierno local, Almudena se compromete a expandir su trabajo a un número creciente de OP en todo México en el futuro. Ella planea replicar sus mejores prácticas de monitoreo público a nivel nacional, brindando apoyo de seguimiento a mediano y largo plazo a las OC que han participado en su programa de incubadora. Después de integrar sus nuevas tácticas de vigilancia en sus operaciones, estas oficinas en los países colaborarán entre sí para implementar proyectos conjuntos para aumentar su influencia sobre los actores gubernamentales. La construcción de esta coalición es fundamental para el modelo de Almudena para consolidar el papel de los ciudadanos en la naciente democracia de México.

El problema

Desde la llegada de la democracia multipartidista en 2000, México ha tratado de superar el fraude político y la corrupción desenfrenada que caracterizaron a gran parte del régimen autoritario de 71 años del Partido Revolucionario Institucional (PRI). El PRI construyó una supuesta democracia electoral que garantizó su dominio perenne a través de un esquema de listas de clientes que premiaba favores políticos, nepotismo y corrupción en detrimento de la transparencia y rendición de cuentas a la ciudadanía mexicana. Aunque durante la última década México ha visto avances significativos en su sistema político debido a la creciente fuerza de los partidos que alguna vez estuvieron en la oposición, los vestigios de los días del PRI aún están tan arraigados que la gobernabilidad responsable sigue siendo un obstáculo formidable para el desarrollo económico y social. . Muchas instituciones públicas son notoriamente inescrupulosas, ineficientes y derrochadoras de fondos públicos, lo que exacerba problemas sociales como la educación, la atención médica y la reducción de la pobreza. Una razón fundamental por la que México sigue estando mal gobernado es la falta de participación ciudadana en la supervisión del sector público, un elemento importante de las democracias resilientes en otras partes del mundo. Una sociedad civil robusta puede monitorear las instituciones gubernamentales, apoyando y circunscribiendo simultáneamente las acciones de los políticos y otros funcionarios gubernamentales para garantizar su cumplimiento de la ley y su rendición de cuentas ante el electorado. Sin embargo, como una joven democracia liberal, México todavía está construyendo lentamente su sector ciudadano, que anteriormente había sido manipulado y silenciado por agentes del PRI. El régimen priista reprimió activamente cualquier cultura de fiscalización ciudadana, generando una profunda apatía popular que persiste en la actualidad. A pesar de las reformas legales de las últimas dos décadas para fortalecer las instituciones y prácticas democráticas, la participación ciudadana real ha tardado en surgir. Aún faltan mecanismos efectivos tanto dentro como fuera del gobierno para supervisar las instituciones públicas y garantizar los procesos democráticos. Este contexto ha frustrado la mayoría de los intentos de establecer relaciones productivas y colaborativas entre los funcionarios públicos y la ciudadanía. Aparte de este marco legal insuficiente, el sector público en México también carece de la capacidad para responder al creciente interés en la responsabilidad ciudadana. El estado no cuenta con los instrumentos o procedimientos para responder a los grupos de ciudadanos que demandan reparación por sus agravios contra el gobierno. Además, en su mayor parte, las oficinas en los países mexicanos carecen del conocimiento y las habilidades técnicas para monitorear las instituciones públicas de manera efectiva. Sin respaldo legal, estas organizaciones, aunque activas, no cuentan con los recursos necesarios para actuar como agentes confiables que puedan llevar a cabo la supervisión del gobierno e influir en la toma de decisiones políticas. Como resultado, los funcionarios del gobierno continúan ignorando las necesidades de los ciudadanos ya que no hay un cambio estructural real entre el pueblo mexicano y las autoridades públicas.

La estrategia

Almudena ha fundado la única organización en México dedicada a la creación de lo que ella llama "contralorías ciudadanas". Ella cree que las OC activas y los grupos de ciudadanos informales tienen el mayor potencial para abordar la responsabilidad del gobierno, dado el tamaño y la complejidad del problema. La CCS sirve como una incubadora para estas organizaciones, ayudándolas a transformarse en defensores de los derechos de los ciudadanos en diferentes temas. El centro es una unidad autónoma dentro del Centro de Investigación y Educación Superior en Antropología Social (CIESAS), una prestigiosa institución académica pública con sede en la Ciudad de México. La relación de Almudena con el CIESAS le permite tener un estrecho contacto con otras agencias públicas, aprovechar los investigadores del centro para ayudar a capacitar a los grupos de contraloría ciudadana y beneficiarse de la sólida reputación del CIESAS. Almudena tiene el poder de decisión exclusivo sobre las operaciones de CCS, el personal de tres personas y el presupuesto independiente; el CIESAS no interviene en la determinación o ejecución de su estrategia. Si bien actualmente mantiene una junta asesora, está trabajando para formalizar esta junta para que pueda ser más activa ayudándola a tomar decisiones estratégicas sobre el trabajo de CCS. Fortalecer y apoyar a las OC seleccionadas para que lleven a cabo la supervisión ciudadana del sector público es el componente principal de la estrategia de Almudena. Después de seleccionar las organizaciones, CCS les brinda capacitación técnica y orientación para ayudarlas a desarrollar las competencias básicas necesarias para monitorear a los actores gubernamentales. Un ejemplo es una organización sin fines de lucro en el estado de Oaxaca que trabaja en temas de derechos humanos y quería aprender cómo presionar a las agencias estatales para un cambio de políticas. En el transcurso de las tres solicitudes anuales de propuestas que la CCS ha lanzado hasta ahora para seleccionar las OC participantes, ha aprendido a buscar los rasgos que mejor indican el potencial de éxito para convertirse en un grupo de contraloría ciudadana, como la experiencia en un tema específico. área y enfoque geográfico estrecho. A través de su Incubadora de Organizaciones de Supervisión, la CCS ofrece apoyo financiero y técnico a las OC seleccionadas para ampliar su capacidad de monitorear la actividad del sector público y participar en un diálogo colaborativo con los actores gubernamentales. El CCS lleva a las OC a través de una serie de módulos temáticos, cada uno de los cuales proporciona nuevos conocimientos sobre técnicas concretas para la supervisión ciudadana del sector público. Almudena invita a expertos externos a hablar sobre una variedad de temas relevantes que incluyen el diagnóstico y la evaluación de las actividades políticas, la elaboración de políticas públicas y el uso de tácticas de negociación. Ella se ve a sí misma como un conducto para vincular a los OC con especialistas a lo largo de setenta y seis horas de capacitación presencial. En la etapa posterior de su modelo, la CCS acompaña a las organizaciones participantes en la implementación de las iniciativas de contraloría ciudadana que las organizaciones han diseñado. A través de un seguimiento mensual, Almudena revisa periódicamente el impacto continuo de las iniciativas y brinda orientación en su ejecución. Originalmente, este proceso de seguimiento duró un año, pero Almudena ahora está haciendo la transición del CCS a un modelo plurianual para reforzar mejor las competencias centrales que los OC aprenden en la incubadora de CCS. El seguimiento incluye una evaluación de impacto para cada una de las OP participantes. Para reforzar aún más el trabajo de la incubadora, Almudena está implementando un acompañamiento aún más práctico al asignar a cada CO un mentor externo a la CCS con experiencia especializada. Esta estrecha relación con un socio externo permitirá a las organizaciones de vigilancia cívica continuar con su trabajo incluso después de que finalice el financiamiento de la CCS, que a su vez se financia principalmente con fundaciones privadas y contratos de consultoría de pago por servicio con agencias públicas mexicanas. Si bien el refuerzo y acompañamiento de las organizaciones de vigilancia cívica es el componente clave del trabajo de Almudena, también entiende que trabajar solo con el sector ciudadano es insuficiente para lograr un cambio sistémico en este campo. En consecuencia, recientemente amplió las actividades de la CCS para incluir la influencia en las políticas públicas con respecto a la supervisión ciudadana. Por ejemplo, la CCS está poniendo a prueba un proyecto con los gobiernos municipales de Puebla y Querétaro para integrar la participación ciudadana en la toma de decisiones de políticas públicas. Estas nuevas normas que exigen transparencia gubernamental elevan los costos políticos para los funcionarios que niegan o rechazan la responsabilidad ciudadana. Además, la necesidad de concienciar sobre la importancia de la transparencia ha motivado a Almudena a integrar un componente educativo en su estrategia global. También está desarrollando planes de estudio para escuelas públicas y privadas con el objetivo de inculcar valores cívicos en la juventud mexicana. Ha establecido contactos preliminares con las escuelas secundarias asociadas a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la Universidad Autónoma de la Ciudad de México (UACM), y ha puesto a prueba un programa educativo sobre rendición de cuentas en una clase de la UNAM de nivel universitario. Si bien estos programas aún se encuentran en una etapa temprana, se han convertido en una parte indispensable de las estrategias de Almudena para construir un ecosistema completo de responsabilidad ciudadana del sector público. Almudena entiende que el cambio que busca es nada menos que transformador, dado que una sociedad civil activa aún está en pañales en México y que la noción de capacidad de respuesta del gobierno a la ciudadanía es aún novedosa. Como resultado, espera que el impacto de la CCS deba medirse a lo largo de los años. Específicamente, en los próximos dos años Almudena espera haber desarrollado varias herramientas, muchas de las cuales estarán disponibles en Internet, para ayudar a una gama más amplia de OC mexicanas a diseñar sus propios proyectos de vigilancia ciudadana. También espera haber implementado el innovador plan de estudios de educación cívica de CCS en dos escuelas secundarias y dos universidades públicas. En cuatro a cinco años, su meta es haber completado al menos cuatro casos exitosos en los que las OC hayan logrado resultados tangibles de política pública mediante el monitoreo y la colaboración con los gobiernos municipales o estatales con la ayuda de mecanismos legales adecuados para un diálogo productivo entre el público y el ciudadano. sectores.